El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Néstor Adrián Salas, hizo lugar al recurso de amparo ambiental presentado en diciembre de 2020 por más de 40 organizaciones, asambleas, pueblos originarios y emprendimientos agroecológicos. En este sentido, ordenó como medida cautelar la suspensión de la liberación del Trigo Transgénico HB4 en el territorio bonaerense, la principal zona de producción de trigo del país.

Fernando Cabaleiro, abogado de “Naturaleza de Derechos”, Organización de Acción permanente por el Ambiente, la Naturaleza y la Biodiversidad, se refirió a los motivos que originaron la presentación del amparo y afirmó que, “esto comenzó a fines 2020 cuando se aprobó por el Ministerio de Agricultura de la Nación la liberación comercial del Trigo Transgénico HB4 de la empresa Bioceres. Si bien en ese momento, se hizo la aprobación comercial quedó condicionada a su aprobación para la importación en Brasil, cosa que sucedió el año pasado 2021. Ahora en el mes de abril el Ministerio de Agricultura dictó una resolución autorizando la liberación comercial en forma abierta, atento que se había cumplido con esa condición que era la aprobación por Brasil”.

El recurso fue presentado de forma colectiva por diferentes organizaciones y tuvo por objetivo reclamar “a la provincia de Buenos Aires que asuma sus competencias que tienen que ver con la liberación de los OGMs (Organismos Genéticamente Modificados) en la provincia”, porque como explicó Cabaleiro, “la Constitución Nacional a partir de la reforma del 94, son las provincias las que tienen el dominio sobre sus territorios que es donde precisamente se liberan estos OGM y por lo tanto nosotros le estamos exigiendo que la provincia someta esta liberación de OGMs a un proceso de evaluación de impacto ambiental en la provincia”.

Cabaleiro comentó que el sustento legal del amparo radica en la Ley Provincial 12.822 del año 2002 que ordenaba la creación de la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria, una normativa incumplida y que nunca llegó a conformar la comisión. En este sentido el abogado sostuvo que “al principio íbamos a plantear, en términos genéricos y de exhortar a la provincia a que asume esa competencia, pero nos encontramos con la Ley 12.822, que fue sancionada a hace 20 años atrás en 2002, donde el legislador provincial había decidido abordar esta temática, previendo la conformación de una comisión para elaborar un informe sobre las implicancias ambientales y sanitarias de los OGN, que ya eran una preocupación en ese entonces, y en base a ese informe tomar las medidas necesarias, con una reglamentación a través del Poder Ejecutivo Provincial o bien, una ley específica por parte del Congreso Provincial. El cumplimiento de esa ley estaba supeditado a una reglamentación para que se conformara esa comisión y se elaborara ese informe que no sucedió nunca, por eso es que nosotros especificamos el objeto de esta exhortación que pedimos a la provincia a través de este cumplimiento de la conformación está con comisión”.

Con la consigna “Con nuestro pan no”, más de 250 organizaciones sociales, campesinas y ambientales de Argentina rechazan la autorización del trigo transgénico. Calificaron la aprobación como “un avance del agronegocio sobre la alimentación de los pueblos y la agricultura que no podemos aceptar”. Puntualizaron 20 puntos que justifican el rechazo y exigieron al gobierno nacional que dé marcha atrás con la medida.