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Presentan amparo ambiental para frenar “pesca ilegal y depredadora” en el Mar Argentino

La demanda impulsada por  la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad  pretende que se ordene al Estado Nacional realizar acciones “a fin de obtener el cese del gravísimo daño ambiental que genera la actividad en la Plataforma Continental.

La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó un “amparo colectivo ambiental” ante la Corte Suprema de la Nación para “frenar la pesca ilegal y depredadora” en la Zona Económica Exclusiva Argentina y sus áreas adyacentes.

Según fuentes vinculadas a la causa, la Corte dio intervención a la Procuración General de la Nación para que dictamine si, como lo sostienen la asociación y el coaccionante Pablo Ferrara, el máximo tribunal tiene competencia originaria para tramitarla.

La demanda pretende que se ordene al Estado Nacional realizar acciones “a fin de obtener el cese del gravísimo daño ambiental que genera la actividad sistemática de pesca ilegal y depredadora desarrollada durante años por flotas industriales en nuestra Plataforma Continental, en la Zona Económica Exclusiva y en su área adyacente, y su impacto en el mar”.

Expuso que esa actividad “amenaza letalmente el desarrollo sostenible y la existencia y de varias especies marinas, entre ellas la del calamar” que es “capturada y depredada ilegalmente, con total impunidad, por flotas pesqueras extranjeras con peligro para su existencia y debida reproducción”.

El escrito inicial del expediente caratulado “Ferrara, Pablo y Otro c/Estado Nacional s/Amparo Ambiental”, con el número 281/2021, advirtió que “la sobrepesca de los calamares representa una amenaza para todo el ecosistema, incluidas las poblaciones vulnerables de cetáceos”.

Agregó que “en aguas soberanas bajo control del Estado Nacional se está gestando un desequilibrio al ecosistema a través de una práctica ilegal, depredatoria y prescindente de toda concepción geocéntrica o ambientalista”.

La demanda busca revertir la omisión estatal en tanto:

(i) posibilita la generación de daño al ecosistema marino nacional, provincial y en la zona adyacente a la ZEE.

(ii) pone en peligro la existencia y desarrollo de especies marinas presentes y futuras.

(iii) pone en peligro el bienestar económico de los habitantes de nuestro país que dependen de la explotación de los recursos vivos marinos como su medio de subsistencia.

(iv) al tolerar la captura ilegal de recursos marinos en nuestras aguas impide conservar los ecosistemas marinos y garantizar que las generaciones futuras puedan contar con los productos de la pesca para su seguridad alimentaria.


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